El escándalo de las residencias

Data Estel·lar memorabília Dimecres 20220209

 Paso a copipegar una solicitud para firmar. Podríamos añadir, por supuesto, el origen: España y sus Comunicades Autónomas incluida la Generalitat de la República Catalana, optó por la PRIVATIZACIÓN e INACCIÓN PÚBLICA DE TODO, y eso incluye las residencias que deberían ser todas públicas y socio-sanitarias, porque los que están allí dentro son enfermos de edades avanzadas y, a veces, enfermos delicados de cualquier edad. Los trabajadores de las residencias precisan algunos requisitos: Que existan (osea, no uno por cada 2 plantas) , que cobren y que tengan derechos laborales y que estén especializados (conocerán ustedes casos de que la última empleada ha sido la que ha tenido que certificar muertes porque el medicastro aparece alguna mañana pero no por las noches). Sabemos que las caras no caen de la vergüenza de los giratorios (en empresas, universidades, medios de comunicación...) , que ahora sabemos que son todos, incluidos los de Podemos (dura lección, no por sospechada menos dura).

Han pasado casi dos años desde que la pandemia asolara las residencias geriátricas en España, provocando más de 20.000 muertes entre las personas mayores solo durante la primera ola.    Organizaciones tan prestigiosas como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras han denunciado una serie de acciones y omisiones –desde las instancias públicas y privadas– que habrían contribuido, cuando no provocado directamente, la grave vulneración de derechos fundamentales de los ancianos residentes: el derecho a la vida, el no sometimiento tratos inhumanos o degradantes, la libre circulación, la intimidad personal y familiar o la igualdad con el resto de la ciudadanía en el acceso a los recursos sanitarios.  De aquella ola han pasado dos años, pero no ha habido consecuencias ante esa vulneración de derechos fundamentales. Parece que ya solo las familias se acuerdan de sus abuelos y abuelas fallecidas, que hemos dado la espalda a esta dura realidad, que intentamos mirar para otro lado. En el ámbito político, ha habido tres comisiones de investigación parlamentaria en Madrid, Cataluña y Castilla y León a las que se ha dado carpetazo. En otras comunidades, ni siquiera se han llegado a constituir.  En el ámbito judicial, las denuncias ante los tribunales y la Fiscalía se archivan o directamente no se admiten a trámite. En la Fiscalía casi el 90% de las diligencias han sido archivadas sin llevar siquiera el caso a los tribunales.  Por eso, esta petición aboga porque se tomen todas las medidas necesarias para realizar investigaciones exhaustivas >>>

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Los gestores de las residencias están esquivando cualquier acusación amparándose en la excepcionalidad de la pandemia. Y permanecen también sin investigar los ‘protocolos de la vergüenza’ que impidieron a miles de mayores recibir el tratamiento hospitalario al que tenían derecho.  ¿Nadie tiene responsabilidad por ninguna de las muertes de más de 20.000 ancianos y ancianas en nuestro país? Creemos que ha llegado el momento de sumar fuerzas, de unirnos para pedir a la Fiscalía General del Estado que tome las medidas necesarias para realizar las investigaciones exhaustivas que garanticen justicia y reparación a las víctimas y familiares, y que el Congreso atienda la petición de Amnistía Internacional de crear una comisión de la verdad.  Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, y Manuel Rico, director de investigación del periódico infoLibre.

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