Data Estel·lar fibrocementera Dijous 20261008
No hacer pero decir que se hace: resumen de cualquier gobierno español y, en concreto, del de Pedro Sánchez.
El Gobierno cuestiona la constitucionalidad de la ley catalana contra el amianto
ES UNA LEY APROBADA POR UNANIMIDAD.
El argumento es de traca. Sabiendo que tras la negativa está el polémico, por ser finolis, ministro Ángel Víctor Torres, ya sabemos que algo huele a podridillo.
Consabidas palabras eternas en España: ley pionera, los primeros que nunca llegan a la meta, blablababla.
Mirad: Vox, en contra de las competencias autonómicas vota a favor. el PSOE discrepa del PSC y, tras haber dado alas a todo tipo de descentralizaciones y debates sobre las competencias catalanas de inmigración... la ley de amnistía (mayor choque competencial fue imposible), dice que hay artículos de la ley catalana contra las competencias estatales. El resultado: ineficacia, y el polvo del amianto volando hacia tus pulmones.
Las discrepancias de Moncloa, expresadas a través del Ministerio de Política Territorial liderado por Ángel Víctor Torres, afectan a siete artículos de la ley (10, 11, 31, 33, 35, 36 y 47). En concreto, el Gobierno considera que algunos de estos apartados podrían invadir competencias estatales. Por esta razón, se ha propuesto abrir una negociación con la Generalitat para tratar de resolver el conflicto.
Construcción de amianto en Badia del Vallès. / Zowy Voeten / EPC
Este diálogo, que puede durar hasta seis meses, según detallan fuentes consultadas por este diario, puede desembocar, a largo plazo, en ligeras modificaciones sobre el texto legal que el Parlament aprobó en junio por unanimidad. De hecho, esta ley se trabajó durante mucho tiempo entre partidos políticos y entidades a favor de la erradicación del amianto, que ahora se muestran "sorprendidas e indignadas" ante la situación.
El Periódico 20261008
Los artículos cuestionados hacen referencia a aspectos como las obligaciones de las empresas y los profesionales que eliminan el amianto, la creación de registros para identificar las compañías especializadas, los censos para mapear el asbesto y los certificados de los edificios. Incluso se plantean dudas sobre la forma de almacenar y depósitar el amianto en vertederos.
El Govern, para evitar el recurso al Tribunal Constitucional, acordó el pasado 29 de septiembre iniciar conversaciones con el Estado en el seno de la comisión bilateral. La idea es encontrar una solución pactada que permita salvar las diferencias competenciales sin que la norma acabe en el TC.
La apertura de esta vía de negociación, principalmente, permite ganar tiempo hasta el 5 de abril. Si ambas adminstraciones no se han puesto de acuerdo antes de esta fecha, los artículos mencionados pueden terminar judicializados.
Sin embargo, está por ver cómo influirá la convocatoria de elecciones generales a este recorrido de negociación. Fuentes de la Agència de Residus de Catalunya (ARC) consideran que no debería ser un problema para alcanzar un pacto y permitir que esta ley pionera en el Estado sea una realidad.
El anterior President Pere Aragonès había ido a Badia del Vallès (Badia, exCiudad Badia) a proclamar el nunca llegado desamiantado: convertir un olvidado rincón en la primera ciudad desamiantada de España, de Europa o del mundo.. e Catalunya, por supuesto.. De hecho, lo que se ven en el 2026 son obras de pintado justo en los pisos que dan a una extraña y gentrificadora "residencia de estudiantes" (no sé si irán caminando a la UAB porque nunca ha habido autobús en condiciones, salvo uno suelto por ahí) cuando lo que piden desde el 2010 son residencias de ancianos.
El problema de la Vivienda lo ha sido en España por lo menos desde que la Industrialización atrajo población del campo a la ciudad, básicamente porque los latifundistas tenían el látigo largo y nunca aplicado a ellos mismos. Es un resumen sucinto de la Historia de Andalucía, Extremadura o Murcia, cuyas gentes llenan y fabrican barriadas en la Catalunya de la segunda mitad del siglo XX.
La infravivienda, chabolas de todo tipo, acabarán símbolicamente con las mortaldades de las inundaciones de 1962, la nueva y máxima llegada de inmigrantes andaluces y extremeños, entre otros, como los gallegos, y las políticas de vivienda de protección oficial del año 1966, con unos carteles metálicos que, desde el 2006 o por ahí fueron objeto de la única política de vivienda catalana: la de quitar esos carteles con el yugo y las flechas franquista y la inscripción de la ley franquista con su fecha. Lo demás lo dejó para pasto del mercado toda la derecha nacionalista convertida en indepedentista los progresistas falsamente izquierdas.
En eso, durante los años 1980 y siguientes, se surge el tema, ora local, ora comarcal, ora nacional, del AMIANTO.
El amianto era conocido como el material anti-incendios.
Luego nos cuentan el nombre de ASBESTOS.
Luego nos dicen algo doblemente desconocido:
1.-en Cerdanyola del Vallès, antes Sardanyola, hay una fábrica inmensa, ignota, llena de trabajadores, que fueron cayendo como moscas, y con ellos los vecinos de la localidad, y con una nube que afecta a localidades vecinas... Nunca está de más añadir que a eso se añade lo de la fábrica Cementera de Montcada i Reixac, con un polvo insano que se juntaría al siguiente. Cerdanyola y Montcada son localidades vecinas, separadas por el río Ripoll, industrializado desde el principio de su cauce, con industrias textiles y químicas, y atravesado por carreteras de mucho tráfico y por alguna autopista de 4 carriles, como la C-58 a su paso por Sabadell.
2.- El AMIANTO o ASBESTOS o FIBROCEMENTO es VENENOSO. Genera enfermedades que me recuerdan a, cuando en Tercero o Cuarto de EGB, en Sociales, contaban lo de los Sectores Económicos y nunca quedaba claro si la Minería era primario o secundario pero siempre salía lo del gas grisú que enfermaba y mataba a los mineros.
Fibro-CEMENTO: así que se se construyen cosas. Sí, claro, con URALITA... las uralitas que siempre he oído: "se pone una cubieta de uralita para la lluvia", "la golondrina ¿no la ves? si está encima de la uralita".
URALITA era el nombre de la empresa peligrosa de Cerdanyola. Sobre sus escombros, nuevos barrios de 8, 9 o 10 plantas. Siempre me pregunto si aquellos terrenos se limpiaron. Para pensar que no, que el veneno afectará a nuevos vecinos en los futuros.
Y sus instalaciones, en forma de naves industriales gigantes, con sótanos, marrones grisáceas, se mantienen, con talleres de coches, tiendas de muebles de nombres cambiantes y referencia lo baratos que son, etc.
Cientos de miles de edificios de viviendas o escolares o naves industriales o fábricas, paredes, chimeneas, depósitos de agua se hicieron con un material dúctil, barato para el constructor, fácil manejar y de instalar que GENERA VENENO EN FORMA DE INVISIBLE POLVO cuando se descompone.
Es un tema tan importante que es lógico que ningún medio de comunicación le dé la debida importancia. Hemos oído a Iker Jiménez hablar sobre "la pizarra" pero lo del amianto es mundial, son empresas gigantes... el silencio es mejor para toda la pleýade mediática.
Tras movilizaciones de extrabajadores, enfermos, vecinos... varias sentencias judiciales... Por UNANIMIDAD, EL PARLAMENT DE CATALUNYA aprueba una Ley sobre el Desamiantado.
UNANIMIDAD EN 2026 SIGNIFICA MUCHO O TODO en la aparente dividida Catalunya por el tema independista, social y otros: PSC, Junts, ERC, Partido Popular de Catalunya (PPC), VOX, COMNS, CUP, Aliança Catalana (al Grup Mixt) .
Eso incluye todo tipo: desde la ultraderecha oficial e independista la ultraderecha españolista centralista, progresitas e izquierdistas oficiales varios, autonomistas, indepedentistas, intervencionista del mercado o neoliberales.... ¡Todos de acuerdo! ¿Todos equivocados con sus asesores?
Debería haber sido motivo de honda satifsacción que la prensa debería haber destacado... pero no ha sido así.
Tampoco se ha sumado, muy al contrario el Gobierno de España liderado por el PSOE (dnnde está el PSC (PSC.-PSOE)) y donde está Sumar, que rondam los Comuns, apoyado por ERC y por Jnnts...
Bernat Coll lo cuenta en el diario El País del 20060617
Con una larga ovación poco después de la una del mediodía, el Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles por unanimidad la ley para la erradicación del amianto, una norma que busca acelerar su retirada y reducir los riesgos que este material sigue representando para la salud pública.
La ley, impulsada por el Govern, establece por primera vez un marco jurídico específico para coordinar la actuación de las administraciones catalanas en la detección, localización, gestión y eliminación del amianto presente en el territorio. Se calcula que en Cataluña todavía quedan cerca de cuatro millones de toneladas de fibrocemento con este material, buena parte instaladas entre las décadas de 1960 y 1980. Su comercialización quedó prohibida en España en 2001 debido a los graves efectos que su exposición puede provocar sobre la salud.
Tras la votación, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha recordado la «huella dolorosa» que el amianto ha dejado tanto en los trabajadores expuestos como en el conjunto de la población y en el medio ambiente. El texto obliga a las administraciones públicas a identificar, gestionar y retirar el amianto de los bienes de su titularidad y exige a las empresas especializadas garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores encargados de estas tareas.
La norma prevé además la creación de diversos instrumentos para facilitar su aplicación y establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 100.000 euros para las infracciones muy graves. Según Paneque, la Generalitat ha destinado desde 2019 cerca de 100 millones de euros en subvenciones para la retirada de amianto y prevé consolidar convocatorias anuales dotadas con unos 20 millones de euros.
La también portavoz del Govern ha agradecido el trabajo realizado por el Ejecutivo de Pere Aragonès en la tramitación de la ley y ha tenido un recuerdo para las víctimas mortales de enfermedades derivadas de la exposición a este material. Preguntada por las posibles compensaciones a los afectados, ha admitido que se trata de una cuestión aún abierta y ha señalado que el debate deberá abordarse teniendo en cuenta la responsabilidad y la titularidad de los espacios donde se encontraba el amianto.
Afectados
En una rueda de prensa desde el Parlament tras la votación de la ley, extrabajadores de la fábrica Macosa-Alstom de Barcelona y de asociaciones de vecinos que han trabajado en el impulso de la ley, han calificado de “hito histórico” la aprobación de la norma, pero han advertido que debe contar con “los recursos económicos” y la unidad de las administraciones, según Miguel Moreno, extrabajador de la compañía.
El exempleado ha señalado que la norma puede tener un impacto importante a nivel global porque se trata de una ley “pionera a nivel internacional”, y ha defendido que la retirada del amianto se haga de forma segura y con el apoyo de las administraciones. Además, ha añadido que al menos unos 40 compañeros han enfermado o fallecido por los efectos del amianto, ha destacado que la norma se toma el “compromiso de que no vuelva a ocurrir en el futuro”, y ha considerado que las administraciones y las empresas deben hacerse responsables de que ocurriera en el pasado.
Las cosas van mal cuando resulta que el falso ESPÍRITU de las leyes CHOCA CON LA VOLUNTAD REAL DE MANTENER SIN JUSTICIA A LOS PERJUDICADOS: Rechazadas 72% solicitudes por enfermedad de amianto 20260918 El País Raquel Pascual Cortés
El fondo de compensación para víctimas del amianto cumple este viernes un año en funcionamiento. En estos doce meses, trabajadores afectados por enfermedades derivadas de su exposición a este material fuertemente contaminante y altamente perjudicial para la salud han presentado un total de 474 solicitudes. De esta cantidad, la gestión del fondo, dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha reconocido poco más de cien indemnizaciones y rechazado 344 por distintos motivos, lo que supone ha denegado el 72% de las peticiones.
Así lo indican las cifras oficiales del fondo recabadas Jon García, portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), según las cuales, en el lado opuesto a estos rechazos, sí se han autorizado y abonado 106 indemnizaciones, por un valor de 6.344.794 euros. De esta forma, en un año apenas se habría gastado una cuarta parte del fondo, que cuenta con 25 millones de euros anuales. Además hay otras 24 solicitudes que están siendo tramitadas actualmente.
Precisamente, este bajo grado de ejecución del fondo es la principal queja de las asociaciones de afectados, que lo atribuyen a un exceso de celo en el diseño del reglamento de funcionamiento del fondo que, según denuncia García, deja fuera a la mayoría de las víctimas que sí reconoce la la Ley que creó estas ayudas.
En concreto, la redacción inicial de la ley era relativamente amplia, ya que no limitaba las enfermedades a una lista cerrada de patologías, sino a cualquier dolencia cuya causa principal o concurrente fuese la exposición al amianto. Posteriormente, el reglamento, cuyo contenido lleva ahora un año vigente, limitó las ayudas a cuatro enfermedades: mesotelioma; cáncer de pulmón; cáncer de laringe; y asbestosis. De momento, se han reconocido 29 afectados por la primera de estas enfermedades; 33, por la segunda; 44 por asbestosis; y ningún caso por cáncer de laringe.
Pero el requisito que más está limitando la concesión de estas indemnizaciones y dejando fuera del fondo a la mayoría de los solicitantes es la exigencia, incluida en el reglamento y no en la ley inicial que creó estas ayudas, de que los afectados tengan previamente un reconocimiento administrativo o judicial de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional.
De hecho, según ha denunciado García, del total de solicitudes (474), la mayoría (302) han sido directamente “inadmitidas” porque los demandantes de la ayuda no cuenta con el citado reconocimiento como pensionistas de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados derivadas de una contingencia profesional causada por alguna de las patologías previstas en el reglamento, sino que estos afectados pertenecen a otros colectivos que la ley sí contemplaba como objeto de las indemnizaciones.
Fuentes de la Seguridad Social defienden el trabajo llevado a cabo por los equipos que han montado este fondo de nueva creación: “Somos conscientes de que era una deuda histórica, cuya demanda no ha sido atendida hasta hace muy poco. Se ha realizado un esfuerzo muy grande en la puesta en marcha de estas compensaciones”. Y responden también a las demandas de los afectados para rediseñar el fondo y dar cabida a un mayor número de colectivos, argumentando que eso solo podrá realizarse “en función de las previsiones que establezcan las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado”.
El portavoz de las asociaciones de víctimas del amianto llama también la atención sobre las enormes diferencias entre los expedientes aprobados según la comunidad autónoma donde resida el trabajador afectado. Así, en el País Vasco, se han aprobado el 42% de las solicitudes presentadas (42 de un total de 99), mientras que en Cataluña solo se ha concedido una indemnización de las 40 solicitadas. Si bien la comunidad donde ha habido más demandantes de estas ayudas ha sido Valencia (133) que ha concedido el 22%.
En este escenario, García considera que estas cifras “no se corresponden con el número de afectados que se deducen del número de trabajadores incluidos en los listados a los que se les hace un seguimiento médico por haber estado en contacto con el amianto y que según la última memoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondiente a 2023, asciende a 70.842 trabajadores, de los que solo el 12,6% residen en el País Vasco y el 5,53% en la Comunidad Valenciana, las dos regiones que han registrado más solicitudes.
Ante esta circunstancia, el PNV intentó el pasado miércoles, 9 de septiembre, que el pleno del Senado aprobara una enmienda en la recientemente aprobada Ley General de Discapacidad, en la que se reclamaba al Gobierno una reforma del reglamento del fondo para víctimas del amianto, que rediseñara los requisitos para la concesión de estas indemnizaciones, permitiendo la inclusión de más colectivos, que sí aparecían en la ley inicial que reguló estas ayudas. Sin embargo, los votos en contra de los socialistas, y la decisión a última hora del PP de abstenerse impidieron la aprobación de dicha enmienda.
Asimismo, tampoco se aprobó por esta misma vía, instar al Ministerio de Hacienda a que incluyera estas indemnizaciones en el catálogo de ayudas exentas en el pago de IRPF, como sí lo están ya en el País Vasco y Navarra y como también son consideradas otro tipo de ayudas públicas como las que se reconocen a las víctimas de la talidomida, del terrorismo o del aceite de colza, entre otras.
Para OCTUBRE 2026, la ley del Amianto catalana
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