Demasiados se han burlado de Mariano Rajoy en Onda Cero (el audio no lo habéis escuchado), la mente ... más brillante de nuestro tiempo. El vídeo sí lo habéis visto.
En realidad, dijo claramente que le importa todo una higa seca. Si hay que tergivesar la ley, se hará, sin problemas, en favor de sus intereses personales, familiares (sus sobrinos, siempre primeros en las oposiciones que no existen), de clase, casta y partido. Nada nuevo bajo el sol por parte de todos.
Y luego, por lo que he podido oír en otros canales (qué bueno es el periodista, qué sección de tal cosas que hace), continúa la
operación de marketing de Carlos Alsina para crearle audiencia frente a
la huida de su antecesor a la Cope, Carlos Herrera: ¿cuántas entrevistas
ha dado Rajoy desde 1996? ¿Y desde 2011? Hay que crearle una audiencia.
Carlos Herrera es aquel tipo ultra que parece hablar suavecito para
decir exactamente, pero con mucha menos gracia, el mismo guión que
Jiménez Losantos, quien fuera el mayor monologuista del país. Su exmujer
cobra de los contribuyentes por desinformar en TVE (no se equivoquen:
no se equivoca), y su hija, por supuesto es modelo ¿o es qué hay otro
trabajo? ya están colocadas: el enchufe da mucho dinero y encima las
sacan cada semana en las publicaciones sobre sociología de las élites
alias "revistas del corazón".
Vale la pena citar los artículos 13, 14 y 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (alias ONU, alias NNUU, alias UN, UNO). La Constitución y algún documento legal anterior, incluso de la época franquista (España de Franco entre en la ONU en 1955 de la mano de los tratados militares y guerreros de Estados Unidos: ah, qué bella es la diplomacia) firmaba o transponía varios derechos de Naciones Unidas. Así sabremos que todo eso se firma para ser incumplido:
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial
realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.
No te pueden quitar tu nacionalidad. Está claro. No te pueden obligar a cambiar de nacionalidad: es un derecho. No te pueden quitar el pasaporte. Lo puedes rechazar tú. No te pueden convertir en apátrida. En el debate entre el jefe de ERC, Oriol Junqueras (candidato de Junts pel Sí en las elecciones autonómica de Catalunya del 2015) y el ministro de Asuntos Exteriores García-Margallo. El gobierno del PP de Rajoy considera que Exteriores tiene que lidiar con una Comunidad Autónoma, otorgando carácter extranjero e internacional a una negociación interna: exactamente lo que niega. Misterioso por no decir insultante.
Efectivamente, he ahí la idea de Rajoy y del ultranacionalismo golpismoperpetrante españolista: le quitan la nacionalidad a todo quisque cuando convenga. Si votas NO a la independencia en caso de que te pregunten o que no te pregunten pero te la impongan, pues también te quitan eso. En el mismo saco, te ponen los derechos pagados en forma de pensiones, y el truco de siempre: el trabajador de hoy cotiza para mañana pero su dinero en realidad paga a los de pensionistas o jubilados de hoy y no a los de mañana. El sistema de pensiones está podrido desde su inicio, y sólo dirán que no funciona cuando quieran privatizarlo al modelo del Chile neoliberal de Pinochet (ese tipo que tanto gusta a Felipe González por encima de la Venezuela bolivariana de Nicolás Maduro). El modelo de pensiones privadas chilenas es lo que la ultraderecha independentista catalana tiene en mente.
Así que mientras la ultraderecha españolista y catalanista pugnan por la privatización de todo, los hay que tontamente intentan CONSTITUCIONALIZAR DERECHOS: o convertir en derechos de primera lo que son derechos de segunda, escritos en una Constitución que es papel mojado (técnicamente se llama "constitución nominalista").
Los derechos de segunda y tercera generación son los derechos democráticos y de asociación, por un lado, y los derechos colectivos y sociales por otro. Han sido laminados, ninguneados, proscritos, escupidos y pateados desde siempre. Hasta 1993, porque "la democracia española era joven y en formación" y luego porque había que hacer recortes para adaptarse a "los países de nuestro entorno" y a situaciones "de crisis y depresión económica pero con datos macroeconómicos que indican que estamos saliendo del pozo".
Recortes en derechos laborales, campaña extremadamente opuesta a cualquier referéndum o consulta de cualquier tipo (incluido, por supueseto, lo de Catalunya, pero también lo de las hipotecas, lo de los recortes o lo de los toros o lo que sea) "porque esto es una democracia seria y no es Suiza" (sopla con la frase).
Y desprecio absoluto por el medio ambiente: quinientos mil motores de Seat (filial Volkswagen) de Martorell son fraudulentos y contaminan excesivamente. Suerte que algunos sabemos que lo que cuenta la industria y el lobby automovilístico son todo mentiras. Se opusieron a la regulación pública europea o estatal, y soltaron la mentira de la "autorregulación". Con eso ya consiguieron que en vez de reducir las emisiones hasta X las redujeron de boca mucho menos (contaminaban más de lo que se les pedía por tecnología y responsabilidad contra el cambio climático y a favor de la salud). Recordemos, asimismo, la campaña de CiU y PP contra la reducción de velocidad a 80 km/h en la primera corona barcelonesa durante los años del tripartit.
Yo siempre comentaba que era ridículo porque, si en 1993, la velocidad eficiente eran 90 km/h, la que menos contaminaba, ¿cómo es que en 2008 iba a ser de 80 o 90? La tecnología había mejorado mucho. Oh, sí, la tecnología con dibujitos ridículos por ordenador, sí, pero es una evidencia que el legislador y sus partidos políticos sabían que era mentira: que a 120 km/h no se contaminaba igual o menos que a 90 km/h quince o veinte años antes y cuatro o cinco generaciones de coches antes. Era mentira: contaminaban lo mismo o más. Algo de eso se podía ver al leer las minúsculas tablas de consumo de coches de alta gama (los coches que usan los acosadores de las autopistas: BMW, Audi, etc.) que, por kilómetro gastaban más líquido combustible, demostrando que no eran mejores técnicamente sino que eran más caros y con mayor imagen de marca ante nuevos ricos y nuevas clases medias.
Los legisladores del tripartit sabían por datos clínicos de muertes causadas por motores diesel, etc, que desmentían al lobby automovilístico, suficientemente fuerte como para impedir la aparición de esas noticias en la prensa generalista. O las empresas y redacciones y jefes de redacción y grandes y elitistas periodistas eran los suficientemente cobardes y mentirosos como para no poner en portada esos temas cada semana ni cada mes. Nada nuevo bajo el plomo y el alquitrán.
Llegado CiU al poder, lo primero que hizo Felip Puig fue suprimir esa limitación de velocidad.
El medio ambiente aparece señalado en la Constitución como un derecho de segunda clase, una concesión más ridícula y olvidable.
Greenpeace, Amnistía Internacional y Oxfam piden blindar y mejorar el artículo 53 de la Constitución de 1978, en tiempos en los que se pide una reforma constitucional. El 135 salió en 24 horas un día de finales de agosto de 2010 (PSOE, PP, CiU... la derecha en marcha es imparable y, sin luz ni taquígrafos y una buena dosis de irresponsabilida aún más).
Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica
Artículo 45
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los
términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso,
administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del
presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso
deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y
libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
Cualquier ciudadano podrá recabar la
tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y
la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado
en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la
objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. EXCLUYE CLARAMENTE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA
El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios
reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica
judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Citemos:
Blinda tus derechos Cambia el artículo 53
¿Sabías que las personas tenemos una serie de derechos humanos regulados y protegidos por el derecho internacional
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Sabías que estas
normas son vinculantes para España, incluso para la propia Constitución?
Estos derechos son todos igual de importantes y se relacionan unos con
otros. Sin embargo, la Constitución Española los recoge y protege de
forma desigual e insuficiente, lo que afecta a nuestras vidas.
Nuestra Constitución crea derechos ‘de primera’, mejor
protegidos y que pueden ser reclamados directamente ante la justicia,
como el derecho a la vida o la libertad; y derechos ‘de segunda’, como
el derecho a la salud, la vivienda o al medio ambiente saludable, que no
pueden ser reclamados directamente ante los tribunales. El artículo 53
con su planteamiento actual es responsable de esto.
Por eso Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam
Intermón piden una reforma de la Constitución que proteja mejor todos
nuestros derechos. Además, queremos que la Constitución se
amplíe. Estos derechos han de estar protegidos siempre, y su
financiación asegurada incluso en tiempos de crisis.
A la atención de los partidos políticos:
He sabido que la Constitución Española y su artículo 53, no
protegen todos mis derechos por igual, ni de forma suficiente, creando
derechos de primera, como el derecho a la vida y la libertad, que pueden
ser reclamados directamente ante los tribunales, y de segunda, como el
derecho a la vivienda y al medio ambiente. Sin embargo, todos los
derechos humanos son igual de importantes y se relacionan entre sí, por
lo que deben tener las mismas garantías de protección, sin clases ni
jerarquías.
Por tanto, pido que incluya en su programa electoral una
reforma de la Constitución Española que blinde los derechos humanos y
mejore su protección, empezando por reformar el artículo 53. Así todos
los derechos tendrán las mismas garantías y contribuirán a mejorar la
vida de las personas.
Esta petición forma parte de una propuesta de reforma de 24
disposiciones constitucionales realizada por Amnistía Internacional,
Greenpeace y Oxfam Intermón. Además de la reforma del artículo 53, esta
propuesta pide una Constitución que:
Mejore la protección respecto a ciertos derechos que
consideramos protegidos insuficientemente: se adecue a los principios de
universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos; refuerce la
protección del derecho a un medioambiente saludable; mejore la
protección de los derechos de vivienda y salud regulando su contenido
mínimo esencial; mejore las garantías de las personas durante la
detención; garantice los derechos de acceso a la información y
participación ciudadana; garantice el derecho de reunión pacífica
incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible,
así como el reconocimiento directo del derecho de asilo. Y prohíba la
pena de muerte en todos los casos.
Incorpore el derecho a la renta básica y ciertas
obligaciones internacionales para cumplir los derechos humanos fuera de
nuestras fronteras: garantizar una política de cooperación para el
desarrollo, vigilar que las empresas españolas respeten los derechos
humanos en el extranjero, y el cumplimiento de las obligaciones sobre
transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario.
Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer.
EFECTIVAMENTE: GRAN PARTE DEL NEGOCIO BANCARIO E INDUSTRIAL ESPAÑOL SE
BASA EN EL SECRETO Y EN VENDER ARMAS COMO SI FUERA TECNOLOGÍA. Claro que
sospechen ustedes de todo aquello que ponga "Tecnología" junto a "Made
in Spain" cuando todo se hace en China y aquí no hay capaz de arreglar
ni neveras.
De igual manera, PP, PSOE o CiU (CDC=JuntspelSí, y Unió alias UDC) optaron por negarse en redondo a votar a favor de una ley que protegiera a los hipotecarios, o robados por los bancos o asediados por la burbuja inmobiliaria.
La constitucionalización de derechos fue básica en la oposición del PP contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya del 2009. Básicamente, se les podía oír chillar en voz baja que "era un estatuto de izquierdas". En fin, que proteger a la ciudanía o empoderarlos o darles derechos. Fue más fácil sacar la bandera española contra la catalana, irse al Tribunal Constitucional y poner en marcha una destrucción del sistema institucional. Total, ¿acaso la derecha había aceptado algo desde 1462? ni reforma agraria ni Estado laico, ni sufragio universal ni aceptación de las diferencias religiosas (moriscos, judíos) ni separación de poderes ni justicia ni república ni plurinacionalidad ni Estado de bienestar ni nada de nada. Todo era imposible. Romper las instituciones con guerras civiles, golpes de Estado, validos de reyes, caciquismos o dictaduras, eso sí les fue aceptable. Los culpables siempre serían los otros, los que no podían escribir los libros de Historia ni escribir en la prensa.
Por eso mismo aún sorprende más ver cómo pretenden la constitucionalización de "Servicios Sociales Básicos" o SSB diversas instituciones, como los colegios profesionales de Pedagogos, Trabajo Social, Educadores Sociales y Sociólogos y Politólogos (estos últimos se podrían haber abstenido, dado que no hay trabajo para esos profesionales, salvo que pertenezcan a la élite de "los contactos" o enchufados que ya curran y no necesitan rebajarse tanto digo yo, por más que se crean los del Colpis sus propias estadísticas de inserción laboral).
Aunque en el documento enlazado no se encuentra el palabro, el COLPIS sí que menciona expresamente en un texto propio la "constitucionalización":
COL·LEGI EL COLPIS DONA EL SEU SUPORT AL DOCUMENT DEL TSCAT RECLAMANT LA CONSTITUCIONALITZACIÓ DELS DRETS SOCIALS La
proposta del Col•legi Oficial de Treballadors Socials (TSCAT), que es
va presentar el passat 16 de setembre, planteja un canvi de paradigma en
els serveis socials per garantir la cobertura de manera universal i
delimitar les funcions dels diferents àmbits complementaris com són la
salut, l’educació o l’habitatge.
I és que la realitat
viscuda pel col·lectiu professional des de la primera línia d’atenció
directa a les persones més vulnerables i la situació actual a Catalunya,
però també a nivell de l’Estat, han posat de manifest que les
polítiques socials “encara responen a un model socioeconòmic
que ha entrat en crisi”. Davant aquesta constatació, l’entorn de canvi i
obre possibilitats de plantejar quin model d’Estat es vol desenvolupar,
fonamentalment a Catalunya, i és moment d’aportar al conjunt de la
societat els elements clau perquè el procés incorpori els drets socials
com a pilar essencial de les noves estructures.
El document
presentat cristal·litza el treball dut a terme per un grup de reflexió
del TSCAT i ratificat en una consulta a tota la col·legiatura, i s’ha
compartit amb Carles Viver i Pi-Sunyer (aquest és de Junts pel Sí, dreta independentista), Comissionat per a la Transició
Nacional; la sectorial d’Acció Social de la Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya; i la plataforma Reinicia Catalunya. A més,
es farà arribar als partits polítics i a diverses institucions
públiques, entre altres.
Pasando de todo, también copipegamos todo el documento. De todos modos, esto lo leen cuatro gatos. Por cierto, no querás jamás copipegar de un maldito PDF: lo he tenido que pasar al Word para que quedara bonico.
Sembla més un document sindical que una altra cosa (cobrir les baixes), tot i que no he vist mai cap oferta laboral per a sociòlegs ni politòlegs per a aquestes feines, i 20 anys donant per veure'n, de veritat. Així mateix, els diré que Fernando Jáuregui (ja estava amb Carmen Tomás a l'Entre Hoy y Mañana, al Tele5 de principis dels 90, el més berlusconià, el que aclamava al corrupte y corruptor Jesús Gil) va dir al programa nocturn de 24Horas del 20150923 que "Catalunya Sí es Pot", en realitat va dir "Podemos": "no sé de qué va porque habla de temas sociales que no es lo que importa ahora mismo al electorado". Gràcies per dir el que ens interessa als electors que malvivim en una crisi econòmica eterna. Aquest paio era com el portamveu del PSOE a les tertúl·lies de dretes (totes).
La Noche en 24 Horas, el programa de tertulia monoideológica de TVE-PP:
Des dels Col·legis professionals de Treball Social, Educació Social,
Pedagogs i politòlegs i Sociòlegs,
constatem que l’actual sistema de serveis socials no serveix per atendre les necessitats socials del moment actual.
L’aprovació de la Llei de Serveis
Socials l’any 2007 ens va fer esperançar
en què per fi podríem construir un sistema de serveis socials sòlid, de qualitat, que permetria atendre les
necessitats socials d’uns temps que ara qualifiquem de bonança. Però de seguida aquestes esperances
es van truncar quan aquest sistema que tot just es plantejava fer-se gran va rebre diversos
impacte s que condicionaven aquest desenvolupament.
Aquests impactes són de dos tipus:
1)Es produeixen
importants canvis en les necessitats
socials a atendre i en la població que
acudeix als serveis socials bàsics (SSB): la L
lei de Promoció de l’Autonomia Personal
i Atenció a les persones en situació de De
pendència (LAPAD) comporta l’emergència
de moltes situacions greus que no eren
conegudes pels SSB; els efectes de
la crisi econòmica canalitzen milers de famílies
cap als SSB; l’aprovació de la Llei dels Drets i les Oportunitats en la
Infància i l’Ad
olescència (LDOIA) l’any 2010 també suposa
l’assignació de més competències i responsab ilitats als SSB, sense que s’acompanyi de més recursos per fer-les
efectives a mb prou garanties.
1)El sistema de serveis socials també rep directament els efectes de la
crisi: retallades en els recursos (Renda
Mínima d’Inserció (RMI), dependència,...), replantejament dels serveis
socials a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL),
que afecten directament els SSB de competència local.
Davant aquest panorama de més necessitats i menys r ecursos per
atendre-les, no es poden garantir els
drets establerts a la legislació vigent, les polítiques socials cada vegada
s’han tornat més assistencialistes, de
manera que les intervenci
ons socials i educatives, comunitàries, preventives i promocionals cada vegada són més
residuals.
Els professionals dels SSB considerem que davant els reptes que ens
planteja el moment actual, i per
assegurar que es poden fer efectius tant la finalitat com els objectius dels
serveis socials regulats en els articles 3 i 4 de la Llei 1 2/2007 de serveis
socials de Catalunya és necessari:
1.Garantir que es faci efectiu l’accés als SSB com a dret subjectiu, en
condicions d’igualtat en tot el territori, reconeixent la diversitat
territorial . Constatem que actualment l’accés i el gaudi dels diferents serveis i prestacions
bàsics no es fa en condicions d’igualtat, depenent del municipi de residència. El
municipi de residència de la persona amb necessitats d’atenció social condiciona quins
serve
is i prestacions rebrà, i les condicions d’accés (particularitats socials de cada
territori, diferents requisits, intensitats, copagaments,
tràmits, etc...)
2. Garantir que els SSB siguin gestionats des dels ens públics.
També cal assegurar que aquells serveis públics que es gestionin a través d’entitats privades es prestin amb la qualitat exigida. El sector públic ha de
regular el privat (no a la inversa). També és necessari
replantejar l’articulació i la vinculació
dels professionals
externalitzats als equips de SSB
(treballadores familiars,...).
3. Garantir els drets socials que permetin fer un abordatge integral i
transversal de la pobresa , superant les
intervencions assistencialistes, queni resolen
les necessitats, ni promocionen
l’autonomia de les persones, ni n’asseguren una atenció prou digna. És cabdal i urgent assegurar un sistema de
garantia de rendes, que permeti, en totes les etapes de la vida de les persones satisfer les
seves necessitats bàsiques de manera digna, que simplifiqui l’actual dispersió
de prestacions, sigui àgil i efectiu. La seva tramitació no sempre haurà de recaure en els serveis
socials.
4. Potenciar la intervenció professional de caire soci al i educatiu, basada
en coneixements i mètodes professionals,
en l’establiment d’un vincle relacional, i independent de la prestació de recursos i prestacions . Més
enllà del dret a accedir a serveis i prestacions, els ciutadans també tenen dret a rebre una atenció
social i educativa de qualitat,
orientada a l’empoderament de la persona i a la promoció de lavida digna i lliure. En aquesta intervenció
cal que es faci efectiu el reconeixement del criteri professional dels equips interdisciplinaris.
5. Potenciar el treball comunitari com a mecanisme d’integració social que
promou lacohesió social, la democràcia participativa i la inclusió social. Els SSB han de recuperar la seva posició com a agents significats al
territori, connectats, oberts, disponibles per i amb la comunitat, en l’abordatge grupal i comunitari de les seves necessitats socials.
Per això cal facilitar l’arrelament de ol’equip al territori per participar en la resolució de les seves problemàtiques específiques, a partir d’un
diagnòstic participatiu. També s’han de promoure
canvis organitzatius que permetin compagin ar el temps dedicat al treball individual i al comunitari. A la vegada s’ha
de pot enciar la participació de les persones ateses als serveis socials.
6. Assegurar la protecció a la infància efectiva i de qualitat.
La LDOIA formula nous encàrrecs als
SSB pel que fa a la protecció a la infància, sense dotar-los de més recursos. Constatem que els recursos humans dels SSB són
insuficients per atendre les situacions des
de la prevenció, el diagnòstic i la promoció. A ixò implica que sobretot
s’intervingui des del control, i pensant
més en protegir la responsabilitat institucional, i no tant a la protecció de l’infant. Calen més recursos i
més formació i suport per desenvolupar aquest encàrrec adequadament.
7. Assegurar que es disposi dels mitjans humans sufici ents i adequats. Actualment
la normativa contempla les figures dels treballadors socials i educadors
socials. Considerem que a més a més és
necessari assegurar la presència d’altres figures com psicòlegs, advocats, pedagogs i treballadores familiars.
A la vegada cal comptar amb les figures
de direcció i coordinació i amb el
suport administratiu que permetin els tècnics desenvolupar les seves funcions.
És imprescindible revisar les ràtios actualment establertes, a més de ponderar-les
en funció de criteris de necessitat social del territori. A la vegada s’ha d’assegurar el seu compliment, la qual
cosa incloucobrir les baixes amb celeritat i garantir la formació i la supervisió dels
professionals, per millorar la qualitat en l’atenció.
Quan s’aprovin noves regulacions normatives que comportin nous encàrrecs
als professionals dels SSB, aquestes han d’anar acompan yades dels recursos
humans necessaris per poder-les desenvolupar de forma que es garanteixi la qualitat dels servei.
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