El informe se basa principalmente en más de 90 entrevistas que Human Rights Watch realizó a principios de 2023, incluidas las realizadas a 75 familias desplazadas en 5 distritos de Uganda.

Human Rights Watch descubrió que el impacto de los retrasos de varios años se ha visto exacerbado por comunicaciones poco claras sobre si los agricultores podían seguir utilizando la tierra para cosechar café, plátanos y otros cultivos comerciales en el ínterin. En consecuencia, el proyecto de adquisición de tierras ha causado graves dificultades económicas a miles de agricultores ugandeses, entre ellas un fuerte endeudamiento familiar, inseguridad alimentaria e imposibilidad de pagar las tasas escolares, lo que ha llevado a muchos niños a abandonar los estudios.

Los agricultores afirmaron que se sintieron presionados para firmar acuerdos de indemnización en inglés, un idioma que muchos de ellos no saben leer, y muchos describieron que se les ofrecía dinero en efectivo en lugar de la opción de sustituir las tierras de acuerdo con las normas internacionales. Las promesas incumplidas sobre la reubicación de fosas y la mejora de la calidad de vida que se prometió en las numerosas reuniones iniciales en las que se ensalzaron las virtudes del EACOP han erosionado la confianza entre las comunidades y TotalEnergies.

“Vinieron prometiéndonos de todo”, dijo un residente. “Les creímos. Ahora no tenemos tierras, el dinero de las indemnizaciones ha desaparecido, los campos que nos quedan están inundados y el polvo llena el aire”.

TotalEnergies es la principal empresa implicada a través de su filial ugandesa TotalEnergies EP Uganda, junto con la China National Offshore Oil Company y las petroleras estatales de Uganda y Tanzania. Atacama Consulting y Newplan Group gestionaron el proceso de adquisición de tierras en nombre de TotalEnergies EP Uganda.

TotalEnergies ha prometido respetar diversas normas internacionales, entre ellas las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI), que exigen que TotalEnergies y sus filiales restablezcan o mejoren los medios de subsistencia a los niveles anteriores al inicio del proyecto. El oleoducto aún debe asegurar el 60% del costo del proyecto. Mientras el proyecto sigue buscando la financiación necesaria, TotalEnergies y sus filiales deben aumentar la cuantía de las indemnizaciones y los esfuerzos de restauración de los medios de subsistencia para que sean coherentes con las normas de derechos humanos.

En una carta enviada el 15 de junio a Human Rights Watch, Total Energies declaró que “sigue prestando gran atención al respeto de los derechos de las comunidades afectadas” y proporcionó respuestas detalladas que subrayaban su opinión de que la indemnización ofrecida se ajustaba a las normas de la CFI. Paralelamente, el 22 de junio, Atacama Consulting, la consultora medioambiental que facilita la adquisición de tierras para TotalEnergies EP Uganda en los yacimientos petrolíferos de Tilenga, rechazó las acusaciones de que se presionara a la gente para que firmara y expusieron por qué, en su opinión, la indemnización ofrecida cumplía el requisito del “costo total de reposición”.

Los estudios demuestran que la construcción y explotación del EACOP plantea graves riesgos medioambientales. El trazado del oleoducto atraviesa ecosistemas sensibles, incluidas áreas protegidas y humedales de importancia internacional, lo que representa una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas de los que dependen las comunidades locales para su sustento.

El EACOP se está desarrollando en un momento en que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la principal autoridad mundial en ciencia climática; la Agencia Internacional de la Energía; y otros advierten que no se pueden construir nuevos proyectos de combustibles fósiles si el mundo quiere alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y limitar los peores impactos del cambio climático. En marzo, el IPCC confirmó que las temperaturas globales están aumentando a niveles récord, e instó a los gobiernos a reducir las emisiones mediante la eliminación gradual de los combustibles fósiles y el aumento de las energías renovables.

Debido a la oposición al EACOP por parte de organizaciones de la sociedad civil y activistas climáticos en Uganda y en todo el mundo, muchas instituciones financieras y compañías de seguros se han comprometido públicamente a no apoyar el oleoducto. Las instituciones financieras deben evitar apoyar el EACOP debido a los devastadores impactos de los combustibles fósiles sobre el cambio climático, así como los riesgos futuros de graves efectos sobre los derechos humanos, dijo Human Rights Watch.

“La quema de combustibles fósiles está agravando la crisis climática”, afirmó Horne. “Las instituciones financieras que se planteen financiar EACOP deberían mantenerse al margen de este proyecto y, en su lugar, ayudar a Uganda a aprovechar su importante potencial de energía limpia”.